Agua Zarca
Por Remigio Godoy
Los medios de comunicación, los nuevos juzgadores.
Ahí radica el verdadero poder de los medios masivos: son capaces de redefinir la normalidad. Michael Medved (1948-?) Periodista, crítico de cine y escritor estadounide
Estimado Lector, reciba un cordial saludo, hoy que nos acercamos al final del horario de verano, y de nueva cuenta, retrasaremos una hora a nuestros relojes.
DE LA UNIVERSIDAD A LA SOCIEDAD
En el año 2005, en el marco de la: "XVI Semana Nacional de la Investigación Científica" los Maestros Miguel Emerio Cueto Núñez y El Maestro Antonio Beas Castro, junto con un grupo de Estudiantes de Derecho, presentaron la ponencia: "ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA VS. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. ¿Quién juzga a quien?"
El tema, por desgracia, sigue teniendo actualidad y vigencia, por ello, en este espacio, le presento una de dos partes, esperando sea de su interés.
En la actualidad en nuestro país aparece un conflicto sordo entre la administración de justicia y los medios de comunicación, que erupciona intermitentemente, a propósito de determinados casos y cuya falta de resolución se encamina a debilitar, aún más, nuestra frágil institucionalidad. El presente texto intenta situar las raíces del conflicto, delinear sus términos y proponer algunas líneas que contribuyan a encontrar una salida al problema.
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA VS. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
En los últimos años han ocurrido, en todo el país, dos procesos que están en la raíz del conflicto bajo examen. De un lado, la administración de justicia -que, debido a diversas razones, nunca ha gozado entre nosotros de un reconocimiento social importante- ha sido llevada al banquillo de los acusados. De otro, los medios de comunicación se han convertido en depositarios importantes de credibilidad y confianza públicas, al ingresar a una etapa profesional de su desarrollo en la que están cobrando creciente independencia. Cada uno de estos procesos se ha desarrollado autónomamente respecto del otro, pero ha definido la condición desde la cual prensa y justicia están enfrentados hoy en día.
La crisis de la justicia es algo mucho más complejo que un mal funcionamiento crónico. Su expresión más visible tal vez sea el notorio malestar ciudadano existente respecto a la administración de justicia, puesto de manifiesto en datos ofrecidos por numerosísimas encuestas de opinión. En casi toda América Latina, la percepción social sobre la justicia -con niveles de variación que corresponden a la situación de cada país- le adjudica lentitud, complacencia con el poder y corrupción.
Los factores componentes de la insatisfacción generalizada, respecto a la justicia en nuestro país, son varios. Uno proviene de círculos y sectores ligados al funcionamiento de la economía que ven en la justicia, carente de imparcialidad e imprevisible en sus resultados, un componente del factor riesgo país". De allí que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hayan abordado el tema, destinando préstamos de importancia al apoyo de reformas importantes en materia de sistemas de justicia.
Esta preocupación, de parte de estas entidades internacionales, guarda estrecha relación con los llamados programas de reforma estructural que ellas mismas promovieron en América Latina que, al tiempo que redujeron la capacidad regulatoria del poder administrador, dejaron al juez como instancia de mucho mayor importancia en la resolución de conflictos económicos.
Una segunda fuente de insatisfacción corresponde a una demanda política. La llamada llegada de la democracia en México no ha producido resultados socialmente satisfactorios para vastas porciones del electorado; este hecho está en la base del desencanto respecto a los políticos, que ha ganado a buena parte de la ciudadanía mexicana. En parte, ese desencanto guarda relación con la experiencia de que el abuso del poder -y, en particular, la corrupción- no ha desaparecido junto con la llegada de un partido político diferente al poder.
Este desencanto es en gran medida debido a dos aspectos de trascendental importancia, en primer lugar las falsas cualidades que los propios actores políticos le han atribuido a la democracia como la panacea de todos los males que aquejan al Estado y por otro el que la ciudadanía no concibe que lo que ha fallado no es en modo alguno el sistema, sino los actores que se encuentran encargados de manejarlo.
El reclamo de control sobre el ejercicio del poder -por parte del Ejecutivo y Legislativo- ha cobrado así una importancia que no tenía cuando el problema parecía originarse en sucesivos gobiernos autoritarios que, por definición, no estaban sujetos a control legal alguno.
El establecimiento de mecanismos institucionales de control del poder aparece ahora como indispensable y urgente. El Poder Judicial aparece entonces interpelado, con ocasión de esta necesidad del funcionamiento democrático, para que asuma su rol contralor sobre los otros órganos del Estado y lo ejerza efectivamente, del modo que lo prescribe nuestra Constitución pero, en los hechos, sólo ocasionalmente ha sido cumplido por los jueces.
En suma, el malestar ciudadano con la justicia no corresponde a un estado de humor social pasajero, ni puede ser explicado superficialmente como un asunto circunstancial de mala imagen institucional, que podría ser atendido mediante el uso de mejores recursos en relaciones públicas. Se trata de una demanda de cambio profundo que tampoco puede reducirse a un reclamo simple de modernización en órganos judiciales desfasados en razón de su anclaje a usos y costumbres coloniales.
Aquello que confiere estado de crisis grave a la situación de la administración de justicia no es la mera existencia de un variado conjunto de demandas insatisfechas sino la incapacidad de los jueces para entenderlas, hacerse cargo de ellas y responderlas. En diversos casos, estamos ante ineptitudes históricamente formadas para advertir defectos, diagnosticar problemas, planear mejoras y, al enmendar rumbos, producir una dinámica de signo positivo que responda a los desafíos socialmente planteados.
Paralelamente a esta crisis de la justicia, los medios de comunicación han cobrado en México un papel de creciente importancia. En ese proceso puede reconocerse la confluencia de dos vertientes: una interna y otra internacional. De una parte, la empresa periodística se ha ido constituyendo en un negocio autónomo; esto significa que diarios, emisoras de radio y canales de televisión han dejado de ser, preponderantemente, medios auxiliares o instrumentos de apoyo de intereses políticos o económicos posicionados principalmente en otras esferas de actividades -agropecuarias, industriales, financieras o comerciales-, como ocurriera hasta hace unos años.
La razón de éxito de la empresa periodística, por consiguiente, está ahora cifrada más en su capacidad de competir eficientemente en la tarea de obtener, procesar y transmitir información, que en la de respaldar eficazmente determinados intereses económicos o políticos. Complementariamente, la empresa periodística está dejando de ser una tarea familiar y, conforme exige la organización de una empresa moderna, a los efectos de reclutar personal y directivos se está inclinando hacia criterios basados en el mérito y las capacidades profesionales en periodismo.
Ese proceso de autonomización como negocio y de modernización como organización empresarial -que ha ido produciendo el surgimiento de nuevos medios, la renovación completa de otros y el decaimiento o la desaparición de algunos tradicionales- no hubiera sido posible de no existir un contexto internacional que lo ha propiciado y, en ocasiones, forzado.
En todo el mundo, la comunicación se ha desarrollado de un modo espectacular en las últimas décadas y las empresas eficazmente dedicadas a este negocio han cobrado un peso que hace cuarenta años hubiera sido inimaginable. La transformación tecnológica ha hecho posible la aparición, desde el mundo de la comunicación, de protagonistas de primera importancia: los medios de comunicación son parte de la noticia misma, en el sentido de que, en apreciable medida, los hechos sociales son tales o importan en la medida en que alcanzan lugar en los medios. Esa evolución de la comunicación en el mundo ha inducido un proceso de cambio acelerado en nuestros medios de comunicación, que han debido transformarse para desarrollar el nuevo papel.
En un contexto de crisis en otras instituciones, los medios han asumido cierto protagonismo a través del desempeño de sus nuevas tareas y están logrando un respaldo ciudadano que es notablemente mayor al de otras actividades. Por cierto, credibilidad y confianza en los medios resultan beneficiarias de la mala percepción generalizada acerca de instituciones como la policía, los jueces, los partidos y los políticos. Pese a esta ventaja relativa, en algunos países los medios no gozan de aceptación y confianza amplios, acaso debido a que su proceso de profesionalización no los ha distanciado suficientemente ni de la vinculación con grupos de poder que los utilizan en provecho propio, ni de ciertas vías usadas para competir en el mercado de información: el sensacionalismo e incluso la corrupción.
Los medios desarrollan su nuevo rol, en cierta medida, a expensas de las instituciones en estado de falencia. Sucede así no sólo en el área de la administración de justicia. Aceptamos hoy como normal que una entrevista a un funcionario público de alto rango, hecha en un programa de televisión de alta audiencia, alcance mucho más relevancia que su comparecencia ante el Congreso para ser cuestionado por los diputados de oposición. El programa radial, las páginas de diarios y revistas, y la pantalla de televisión constituyen hoy los principales lugares donde encuentra espacio el tratamiento de la cosa pública. Nos guste o no ese tratamiento, el ciudadano promedio lo busca y encuentra en los medios, en una medida y amplitud que no halla en otros espacios institucionales.
El interés de los medios por desprestigiar las estructuras institucionales, para mantenerse como elemento dominante de la opinión pública: la exacerbación de las tensiones propiciadas por el gobierno, con el Congreso y los partidos, para transferir a éstos las consecuencias de la ineptitud gubernamental: la incapacidad del Congreso para conducir proyectos viables de reformas institucionales, y los numerosos episodios de corrupción en los partidos, son parte de un cuadro patológico que ensombrece la vida política de México y que alienta entre los ciudadanos actitudes de desconfianza.
A ese panorama se suma la subsistencia de una estructura constitucional que organiza el poder en torno de una presidencia fuerte, pero que contrasta con la realidad política de un presidente débil. Al fracasar todos los intentos, muy endebles por cierto, de reformar al Estado, se ha mantenido un sistema constitucional diseñado para facilitar la acción de un partido hegemónico, pero no para procesar las tensiones naturales del pluralismo político. Vista la justicia como servicio público, debe advertirse que su crisis ha dado lugar al surgimiento de lugares sustitutos para la realización de su tarea. Sólo uno de esos lugares son los medios de comunicación.
La incapacidad del aparato judicial para responder a las demandas sociales existentes está dando lugar, en la República, a la aparición de vías de evitamiento o circunvalación, destinadas a encarar de una manera u otra los conflictos que la justicia no resuelve adecuadamente.
Las principales alternativas en competencia con la administración de justicia son:
El arbitraje, que resuelve conflictos de intereses económicos nacionales, con base en criterios enterados, en plazos relativamente breves y a costos razonables para esos actores;
Una diversidad de fenómenos sociales que expresan el recurso a una justicia por mano propia, ejercida sea individual o grupalmente por quien/es defiende/n con la fuerza aquello que entiende/n suyo: el espectro comprende el uso de sicarios y los juicios realizados por comunidades campesinas en Chiapas, los linchamientos populares en San Juan Iztlayoapan. Los medios de comunicación, utilizados crecientemente para instaurar procesos paralelos a los que entabla -o debería entablar, en ciertos casos- la justicia estatal; en ellos se acusa, investiga y sanciona socialmente, sobre todo a quienes pueden ser tratados de manera benigna o complaciente por los jueces.
Zurrapas: No gracias, son ricas en grasas trans y aumentan la posibilidad de dolencias cardiacas.
Sigo recibiendo sus comentarios en el correo electrónico remigio.godoy.sayula@gmail.com un saludo y nos leemos la próxima semana.
